Sanciones de Trump a Brasil: un golpe a Lula y un desafío para el Cono Sur

Por Gonzalo Ramírez Barros 

Donald Trump ha vuelto a sacudir el tablero internacional, esta vez con un arancel del 50% a las exportaciones brasileñas y una sanción inédita contra Alexandre de  Moraes, juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, bajo la Ley Magnitsky. 

Estas medidas, anunciadas el 30 de julio de 2025, no solo tensan las relaciones  entre Estados Unidos y Brasil, sino que también cuestionan la credibilidad del  gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, acusado de perseguir a opositores como Jair  Bolsonaro. 

En este contexto, la postura de Gabriel Boric, alineándose con líderes como Lula, Gustavo Petro y Pedro Sánchez, parece un desafío frontal al país más poderoso del mundo, sin espacio para el diálogo. 

¿Qué significa esto para Brasil, Chile y la región? 

Vamos a desglosarlo con claridad, apoyándonos en lo que dicen los medios y mirando el panorama con sentido común. 

El golpe de Trump: aranceles y sanciones 

El 30 de julio de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva que impone un arancel del  50% a una amplia gama de productos brasileños, efectivo desde el 1 de agosto,  según reportó BBC News Mundo. La Casa Blanca justificó esta medida, basada en 

la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), como una  respuesta a “ataques insidiosos” de Brasil contra las elecciones libres y la libertad  de expresión, apuntando directamente al juicio contra Bolsonaro por un supuesto  intento de golpe en 2022. 

Pero el verdadero mazazo fue la sanción a Alexandre de Moraes, juez del STF que lidera el caso contra el expresidente. Bajo la Ley Magnitsky, una legislación estadounidense que castiga a extranjeros por corrupción o violaciones de derechos humanos, Moraes enfrenta la congelación de sus activos  en EE.UU. y la prohibición de transacciones con empresas estadounidenses. 

La Ley Magnitsky, aprobada en 2016 y ampliada por la Orden Ejecutiva 13818,  permite a EE.UU. sancionar a individuos que, según Washington, atentan contra  derechos fundamentales. En este caso, el Departamento del Tesoro, liderado por  Scott Bessent, acusó a Moraes de “censura opresiva” y “detenciones arbitrarias”  contra Bolsonaro y sus seguidores, calificando sus acciones como una “caza de  brujas”. 

Es la primera vez que esta ley se aplica a un juez de una democracia  consolidada como Brasil, lo que Mundiario describe como un “hito controvertido”  por su potencial injerencia en la soberanía judicial. Impacto económico: un puñetazo al comercio brasileño. 

El arancel del 50% golpea a Brasil, la mayor economía de América Latina, en un  momento delicado. Aunque productos clave como petróleo, jugo de naranja y  aviones quedaron exentos, según La Política Online, el impacto en sectores como  el café, el hierro y la carne podría ser severo. Brasil exportó 31.400 millones de  dólares a EE.UU. en 2024, y un arancel de esta magnitud amenaza con encarecer  productos y reducir la competitividad. 

Lula, en una entrevista con The New York  Times, denunció que estas medidas son “políticas” y no comerciales, recordando que Brasil lleva años con un déficit comercial frente a EE.UU. En respuesta, prometió aranceles recíprocos, lo que podría escalar a una guerra comercial, según BBC News Mundo. 

Para las empresas brasileñas, el panorama es sombrío. Los costos de exportación subirán, afectando a productores agrícolas y manufactureros. Además, la sanción  a Moraes podría disuadir inversiones extranjeras, ya que señala inestabilidad jurídica. Como dijo un diplomático citado por G1, Trump parece más interesado en 

“escalar la tensión” que en negociar. Esto pone a Lula en una encrucijada: ceder  ante Trump podría debilitarlo políticamente, pero resistir arriesga un daño  económico mayor. 

La credibilidad de Lula bajo fuego 

Las sanciones no solo son un golpe económico, sino también un cuestionamiento  directo a la imparcialidad del gobierno de Lula. El STF, liderado por Moraes,  investiga a Bolsonaro por presuntamente orquestar un golpe tras perder las  elecciones de 2022. Las medidas contra el expresidente –como el uso de una  tobillera electrónica y la prohibición de usar redes sociales– han sido validadas por  el tribunal, pero Trump y sus aliados, incluyendo a Eduardo Bolsonaro, las ven como 

una persecución política. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que las  acciones de Moraes “pisotean los derechos fundamentales”, y la Casa Blanca las  calificó como un “deterioro del Estado de derecho”. 

En Brasil, la narrativa de la “caza de brujas” ha ganado tracción entre los  bolsonaristas. Eduardo Bolsonaro, desde Washington, ha presionado a Trump para 

sancionar a Moraes, según La Política Online, lo que refuerza la percepción de que 

Lula utiliza al STF para neutralizar a la oposición. Folha de S.Paulo reportó que Lula 

atribuyó las sanciones a “políticos brasileños que traicionan” al país, una clara  alusión a Eduardo. Sin embargo, esta defensa no disipa las dudas sobre la  imparcialidad del STF, especialmente tras decisiones como la prohibición temporal  de X (antiguo Twitter) en Brasil por desinformación electoral. Para muchos, esto  sugiere que Lula y Moraes priorizan el control político sobre la libertad de expresión,  dañando la credibilidad del gobierno ante los ojos internacionales. 

Por otro lado, Lula ha respondido con firmeza, calificando las sanciones como un 

“ataque a la soberanía” y defendiendo la independencia del STF. El Supremo, en un comunicado, respaldó a Moraes y afirmó que el juzgamiento de delitos contra la 

democracia es competencia exclusiva de Brasil. Pero la sanción a un juez de alto  perfil, combinada con los aranceles, proyecta una imagen de fragilidad institucional 

que podría erosionar la confianza en el gobierno de Lula, especialmente de cara a  las elecciones de 2026.

 Boric y el eje progresista: un desafío sin diálogo 

En este escenario, Gabriel Boric se ha alineado con líderes progresistas como Lula,  Gustavo Petro y Pedro Sánchez, quienes comparten una postura crítica hacia  potencias como EE.UU. e Israel. Boric, por ejemplo, ha endurecido su posición  contra Israel, excluyendo a sus empresas de la FIDAE 2024 y apoyando demandas 

contra Tel Aviv en la Corte Internacional de Justicia. Esta afinidad ideológica lo lleva  a respaldar a Lula frente a las sanciones de Trump, como se vio en su crítica a los  aranceles del 50% al cobre chileno, donde afirmó que “en diplomacia no se hace  política por redes sociales”. 

Sin embargo, esta postura, compartida con Petro y Sánchez, parece un  enfrentamiento vehemente y poco estratégico contra Trump, el líder de la mayor  potencia mundial. Petro ha condenado las políticas de EE.UU. en foros  internacionales, mientras Sánchez ha impulsado sanciones contra Israel,  alineándose con Boric y Lula. Este eje progresista, aunque cohesionado por  valores, carece de un diálogo constructivo con Washington. Como señala Infobae, 

la retórica de Lula sobre la soberanía, respaldada por Boric, podría interpretarse  como una negativa a negociar, escalando tensiones innecesarias. 

En un mundo  donde EE.UU. sigue siendo el principal mercado y aliado militar de la región, esta  postura arriesga aislar a Chile y Brasil, afectando su economía y seguridad. 

Por ejemplo, Chile depende del Visa Waiver con EE.UU., y cualquier tensión podría  complicar este acuerdo, como advirtió el senador Jim Risch respecto a las políticas  de Boric hacia Israel. En Brasil, los aranceles amenazan sectores clave, y la sanción 

a Moraes podría desincentivar inversiones. Boric, al unirse a este bloque sin buscar  canales de diálogo, no solo respalda a Lula, sino que también expone a Chile a  posibles represalias de Trump, quien ha demostrado no temer el uso de medidas  económicas punitivas. 

Conclusión: un juego de alto riesgo 

Las sanciones de Trump a Brasil, tanto los aranceles del 50% como la inédita  aplicación de la Ley Magnitsky a Alexandre de Moraes, son un golpe directo a la  economía y la credibilidad de Lula. Cuestionan la imparcialidad de su gobierno,  alimentando la narrativa de persecución política contra Bolsonaro y debilitando la  imagen de Brasil como democracia estable. 

Para Boric, alinearse con Lula, Petro y  Sánchez puede ser una muestra de coherencia ideológica, pero también un desafío  arriesgado contra EE.UU. 

Sin diálogo, este eje progresista podría pagar un costo  alto: aislamiento diplomático, pérdidas económicas y una región más dividida. 

En un mundo donde el poder se mide en dólares y alianzas, la pregunta es si estos  líderes pueden permitirse enfrentar al presidente más poderoso sin un plan más  allá de la retórica.

Gonzalo Ramírez Barros

Ing. Comercial y MBA (FGV)

Experto en mercados latinoamericanos y análisis 

de políticas económicas